Familia Issa demanda al Estado jujeño por la ocupación masiva de 142 hectáreas en Bajo la Viña

CONTAPUESALTA- El conflicto por las tierras de Bajo La Viña, en Jujuy, lleva casi 28 años y hoy involucra a más de 4.000 familias asentadas en el denominado Barrio Obrero, sobre unas 142 hectáreas pertenecientes a la familia Issa. Los propietarios sostienen que la ocupación ilegal, iniciada en 1997 y ampliada masivamente en 2015, volvió imposible recuperar el terreno debido al grave deterioro ambiental y urbanístico, por lo que demandaron al Estado provincial reclamando una indemnización integral.

La toma comenzó en 1997 con un reducido grupo de familias, pero la situación cambió radicalmente en mayo de 2015, cuando dirigentes sindicales del SEOM y ATSA encabezaron una ocupación masiva. Entre los principales organizadores fueron señalados Carlos Santillán, Santiago Seillant, Yolanda Canchi, Alberto Arias y Álvaro Sandoval, varios de ellos posteriormente condenados por la Justicia. Desde entonces, el asentamiento creció hasta albergar entre 3.000 y 5.000 familias.

Uno de los puntos más cuestionados del caso es la actuación del Estado provincial. A pesar de que desde 2015 existieron reiteradas órdenes judiciales de desalojo, ninguna fue ejecutada. La familia Issa denuncia que distintos funcionarios frenaron deliberadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, configurando una situación de desobediencia judicial y dejando en evidencia una fuerte interferencia política sobre decisiones de la Justicia.

Según los denunciantes, el entonces ministro de Gobierno, Alberto Matuk, llegó incluso a ordenar que no se avanzara con los desalojos, argumentando la necesidad de realizar constataciones previas. Para los abogados de la familia, esto demuestra que el poder político se impuso sobre el judicial y que el Estado abandonó su obligación de garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada.

Además de no cumplir con los desalojos, los propietarios sostienen que el Estado permitió la consolidación del asentamiento mediante conexiones irregulares de agua, electricidad y alumbrado público. También cuestionan que nunca se hayan realizado acciones efectivas para frenar nuevas ocupaciones ni controlar el crecimiento del barrio.

El impacto ambiental es otro de los aspectos más graves del conflicto. La ocupación provocó desmontes masivos, pérdida de vegetación y construcciones precarias en zonas consideradas de riesgo. En 2019, el Ministerio de Ambiente declaró el área como “Zona de Riesgo Ambiental”, advirtiendo sobre posibles aludes y problemas derivados de la urbanización descontrolada.

Mientras tanto, miles de familias continúan viviendo en condiciones precarias, sin infraestructura adecuada ni servicios básicos seguros. A esto se suman denuncias internas por ventas ilegales de terrenos y conflictos entre ocupantes.

Frente a una situación que consideran irreversible, la familia Issa dejó de insistir con la restitución de las tierras y presentó una demanda civil contra el Estado provincial por daños y perjuicios. Argumentan que perdieron definitivamente la posibilidad de desarrollar y disponer de su propiedad, lo que califican como una confiscación de hecho.

Los abogados de la familia también advirtieron que el caso sienta un precedente peligroso. Señalan que, si el Estado no hace cumplir las decisiones judiciales ni protege la propiedad privada, situaciones similares podrían repetirse en otros puntos de la provincia. Para ellos, el conflicto refleja una profunda crisis institucional, donde las decisiones judiciales quedaron subordinadas a intereses políticos y sociales.

Por su parte, el gobierno jujeño sostiene que un desalojo masivo no es viable debido al impacto social que generaría y asegura que trabaja en programas de acceso legal a tierras fiscales para desalentar futuras usurpaciones.

El caso del Barrio Obrero se convirtió así en uno de los conflictos territoriales más complejos de Jujuy, atravesado por tensiones judiciales, políticas, sociales y ambientales, y sin una solución definitiva a la vista.